Los hijos de Rubén Rocha Moya y sus cercanos han ganado unos 94 millones de pesos mientras su padre ha ostentado cargos de poder en Sinaloa. Sea con empresas que están directamente a nombre de los vástagos, o a través de una red de personas, los Rocha Ruiz y su grupo se han beneficiado del erario desde hace más de 15 años, y cuando el papá llegó a la cabecera del gobierno estatal, el privilegio continuó.
En mayo de 2009, los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, y sólo ocho meses después de haberse creado obtuvo el primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por un monto de 292 mil pesos. El objetivo del contrato fue realizar un estudio de construcción de un tramo carretero, y el padre de los nuevos empresarios era el influyente jefe de asesores del gobernador priista, Jesús Aguilar Padilla.
Al año siguiente, los hijos de Rocha recibieron otros contratos que sumaron 1 millón 403 mil pesos.
El Rocha Moya de aquellos años era muy distinto al que conocimos como gobernador. Se movía con un perfil discreto, acompañaba al gobernador a todos los actos públicos, apuntaba en tarjetas, se sentaba en las sillas del público. Se mantuvo con Aguilar durante todo su gobierno.
De 2013 a 2016, Rocha trabajó en el ISSSTE, y en 2017 regresó a Sinaloa a laborar en el nuevo gobierno priista de Quirino Ordaz Coppel, otra vez, como jefe de asesores. Y, de nuevo, Chocosa obtuvo cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781 mil pesos.
Esta información fue resultado de una investigación que realizó parte de este equipo de reporteros, llamada Operación Desfalco, publicada en 2019. Entonces se documentó que, de enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones de pesos en contratos con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Culiacán, el de Mocorito y sus juntas de agua.
Cuando se le preguntó a Rocha Moya sobre el posible conflicto de interés, dijo que no sabía nada al respecto: “Porque qué les diría yo, primero, que no tenga idea de a qué contratos y obras se refieren. Mi puesto nada tenía que ver con contratación de obra, y terminantemente te digo, que si hubo las obras asignadas a Chocosa que tu refieres, para nada intervine yo, ni siquiera me consta que las haya habido, no lo sé, por lo que no pudo haber habido conflicto de interés de mi parte”.
La expansión
Pero Chocosa no es la única empresa de los Rocha Ruiz. Entre 2003 y 2016, los tres hijos hombres del gobernador con licencia fundaron, al menos, nueve compañías, en las que comparten acciones entre hermanos y amigos cercanos.
Con sus empresas, los Rocha Ruiz han incursionado en la construcción, comercialización, los servicios financieros, producción de productos agropecuarios, estudios de mercado y hasta la compra y venta y cría de ganado bovino, según consta en las actas constitutivas de las compañías.
Una de ellas, Grupo Rofcar, fundada por José Jesús, el hijo menor, empezó a recibir contratos públicos del gobierno de Sinaloa apenas dos meses después de que su padre asumiera la gubernatura, en noviembre de 2021.
En diciembre de ese año, la empresa comenzó a vender baterías y acumuladores de vehículos al Sistema DIF estatal, una dependencia que en ese momento era presidida de forma honorífica por su hermana, Eneyda Rocha Ruiz. Tan solo durante 2022, el organismo realizó 30 contrataciones directas con la compañía familiar.
Los negocios de Grupo Rofcar se extendieron a la Secretaría de Salud y a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán (JAPAC) durante la administración municipal de Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del gobernador con licencia.
Los contratos públicos también beneficiaron a los socios de Rocha Ruiz en Grupo Rofcar: José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda.
Cárdenas Mellado era propietario de Frutas y Verduras de ElDorado, una compañía que entre 2021 y 2023 le vendió al Sistema DIF del Estado 8.4 millones de pesos, a los Servicios de Salud le facturó 4.5 millones de pesos, y a la Secretaría de Educación le vendió 5.9 millones de pesos. Durante 2023 vendió 106 toneladas de bolsas para basura al Ayuntamiento de Culiacán por 6 millones de pesos. En total, facturó unos 25 millones de pesos con la administración pública.
Cárdenas Mellado fue nombrado director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en agosto de 2024 por el gobernador Rocha Moya, padre de su socio, y permaneció en el cargo hasta el pasado 19 de octubre de 2026, cuando presentó su renuncia.
El otro socio, Alejandro Félix Miranda, aparece como representante legal de Grupo Rofcar y firmó los contratos públicos obtenidos por la compañía. Además, entre 2022 y 2024, recibió, como persona física, alrededor de 2.4 millones de pesos por servicios a la administración pública.
Los tres proveedores, Rocha Ruiz, Félix Miranda y Cárdenas Mellado, no han tenido necesidad de competir. De los 14 contratos y 547 órdenes de compra documentadas en este texto, sólo una es licitación pública, el resto son adjudicaciones directas. De hecho, en la única licitación existente, Frutas y Verduras de ElDorado tampoco tuvo rival en las cuatro partidas en las que concursó.
En suma, los tres socios, de forma unida o separada, le vendieron al Estado de Sinaloa y al municipio de Culiacán un total de 29 millones de pesos, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, durante los gobiernos de Rúben Rocha Moya, y de su ahijado, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Para este trabajo periodístico se realizaron decenas de solicitudes de información pública, iniciadas desde 2025 y dirigidas a las dependencias del gobierno estatal y a los 20 municipios de Sinaloa, así como a cada una de las juntas de agua potable municipales. Se requirieron y cruzaron facturas, contratos y órdenes de compra.
Frutas y verduras a sobreprecio
En 2023, Frutas y Verduras de ElDorado, propiedad de Cárdenas Mellado, vendió 3.4 millones de pesos en alimentos para la Casa Cuna y el Centro Gerontológico, dos espacios del Sistema DIF que atienden a niños en situación de vulnerabilidad y adultos mayores en abandono social. Algunos de estos alimentos fueron facturados a precios hasta cuatro veces por encima del valor de mercado.
Por ejemplo, en noviembre de 2023, la empresa cobró 81 pesos por un kilo de chayote, cuando su precio en el Mercado de Abastos de Culiacán era de 18.4 pesos. En diciembre, facturó una pieza de elote en 20 pesos, frente a los seis pesos que costaba en el mercado, y en octubre vendió piezas de lechuga romana en 47 pesos, cuando su precio en el mercado era de 17 pesos.
Para esta investigación se revisaron 134 órdenes de compra autorizadas durante 2023 por el Sistema DIF con Frutas y Verduras de El Dorado. Todos los precios de los productos fueron comparados con los valores registrados en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, un portal gubernamental que ofrece, mes por mes, un informe estadístico del mercado agroalimentario. Para hacer más exacta la consulta, se compararon los precios registrados por el Mercado de Abastos de Culiacán, Sinaloa, en esa plataforma. Aunque los precios del listado son a mayoreo, la diferencia hallada es vasta.
En algunas facturas emitidas por Frutas y Verduras de ElDorado también destacan productos de abarrotes con precios elevados. Por ejemplo, un bote de avena en 760 pesos; un frasco de miel de abeja en 790 pesos o una pieza de gelatina en 540 pesos, entre otros.
Frutas y Verduras de ElDorado también fue un proveedor frecuente del Ayuntamiento de Culiacán. Entre marzo y diciembre de 2023, la compañía del exfuncionario vendió 106 toneladas de bolsas de plástico para basura al municipio presidido por el ahijado del gobernador, a través de compras directas. Un promedio de 11 toneladas al mes.
Cárdenas Mellado se ha asociado en al menos tres ocasiones con Rocha Ruiz, el hijo menor del gobernador con licencia. En 2011, cuando ambos apenas tenían 27 años, fundaron su primera compañía con Félix Miranda, la ya mencionada Grupo Rofcar.
En junio de 2019, Cárdenas Mellado dejó el negocio de las baterías y le vendió sus acciones a Rocha Ruiz. Pero ambos se mantuvieron asociados en otra empresa del giro agropecuario llamada Agronegocios y Servicios El Aguila del Norte SA de CV, dedicada a la producción y comercialización de frutas, legumbres, granos, hortalizas y productos agropecuarios.
En 2016 extendieron sus negocios a Estados Unidos. En McAllen, Texas, crearon Pitaya Fresh LLC, dedicada a la distribución de productos agrícolas. Aunque actualmente la compañía texana se encuentra disuelta.
Doble proveedor
Alejandro Félix Miranda, el otro socio de Rocha Ruiz, desempeña dos papeles como proveedor gubernamental. En uno es el representante legal de Grupo Rofcar, vende baterías y acumuladores, y en el otro es una persona física que surte aires acondicionados, además de baterías y acumuladores.
En abril de 2022, en los primeros meses de gobierno de Rocha Moya, Félix Miranda le vendió a la Secretaría de Salud ocho aires acondicionados para el Hospital General de Culiacán, y a partir de ese momento, las ventas comenzaron a crecer. Durante 2023 vendió medio millón de pesos en aires acondicionados al Sistema DIF Sinaloa, presidido por la hermana de su socio, Eneyda Ruiz. También facturó 14 aires acondicionados para los Servicios de Salud del Estado.
En enero de 2023, Félix Miranda firmó como representante de Grupo Rofcar un contrato anual para suministrar baterías y acumuladores a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán. Cinco meses después, en junio, obtuvo otro contrato prácticamente idéntico con la misma dependencia para prestar el mismo servicio, pero esta vez lo obtuvo a su nombre como persona física.
Entre 2023 y 2024, Félix Miranda le facturó principalmente al Ayuntamiento de Culiacán. Con sus dos productos, baterías para vehículos y aires acondicionados, vendió a DIF Culiacán y JAPAC 1.7 millones de pesos.
Instituciones omisas
A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa presentó una propuesta de exhorto ante el Sistema Estatal Anticorrupción para investigar los contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con los hijos del gobernador con licencia, Ruben Rocha Moya. Sin embargo, la solicitud no prosperó porque los representantes de las instituciones anticorrupción se negaron a someterla a votación.
El documento solicitaba indagar en posibles conflictos de interés, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y otras faltas administrativas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos a empresas de los familiares del mandatario.
Raquel Zapien, presidenta del CPC, relató a EL UNIVERSAL que la propuesta fue presentada ante los integrantes del Sistema Anticorrupción, conformado por representantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Para que la solicitud tuviera validez, debía incluirse en el orden del día, someterse a votación y obtener el respaldo de la mayoría de los integrantes del Sistema. Según Zapien, los representantes de las instituciones se negaron incluso a darle lectura, por lo que el exhorto ni siquiera fue sometido a votación.
“Nosotros les presentamos el exhorto pero no hubo una postura, no fue votado, no hubo una reacción, un comentario, nada. Hasta ahorita no sabemos si le dieron algún seguimiento a este tema, así como la ciudadanía y todo México, seguimos esperando que se haga una investigación”, reclamó la presidenta del CPC.
Diputada ve necesaria una auditoría independiente
La diputada local sinaloense, Paola Gárate, afirmó que las instituciones actuales en Sinaloa están cooptadas, por lo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen la red de los Rocha Ruiz.
“La presunta participación de los hijos del gobernador con doble licencia en redes de corrupción es un secreto a voces que ya no se puede sostener”, afirmó en entrevista.
La operación de Rocha Moya y sus hijos, comentó la legisladora priista, lleva años sucediendo, por lo que el parentesco no puede ser una licencia para saquear a Sinaloa.
“Mientras las y los ciudadanos no tienen servicios ni seguridad, el círculo familiar de la gubernatura se enriquece. Hablamos de constructoras bajo la lupa del SAT, empresas fachada, y más de 124 millones de pesos en facturaciones trianguladas”.