Una jornada de movilizaciones simultáneas encabezada por transportistas de carga colapsó este lunes carreteras federales, casetas de peaje y los principales puntos carreteros del Valle de México y al menos 10 entidades federativas.
Las organizaciones exigieron un alto inmediato a los asaltos violentos, extorsiones, secuestros y homicidios de operadores que amenazan el abasto nacional de mercancías.
La protesta nacional, convocada por agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), parte de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), tuvo como focos rojos las vías que comunican al Estado de México con la capital del país.
Colapso en los accesos al Valle de México
Desde las 07:30 horas, unidades pesadas se concentraron en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, para después marchar en caravana sobre la autopista México-Pachuca rumbo a los límites con la Ciudad de México. Los bloqueos intermitentes estrangularon el tránsito hacia la estación Indios Verdes, obligando a cientos de pasajeros a descender del transporte público para caminar sobre el asfalto.
“Vengo de Ojo de Agua y voy hasta Allende; son cuatro horas las que llevo y no puedo llegar. Llevo media hora caminando para poder llegar a Indios Verdes, no se vale”, reclamó la usuaria Luz Elena Cruz.
En la autopista México-Querétaro, transportistas partieron desde la caseta de Tepotzotlán en marcha lenta con dirección a la capital del país, generando asentamientos viales y filas de unidades de hasta cinco kilómetros. Manifestaciones similares con cierre parcial de carriles se replicaron en la entrada a Toluca por la México-Toluca y en el tramo Toluca-Atlacomulco.
De acuerdo con dirigentes sindicales mexiquenses, la movilización detonó ante una cifra negra de mil 125 robos al transporte de carga y 15 choferes asesinados en lo que va de 2026, agravada por un deterioro de hasta 80% en las carpetas asfálticas de la región.
“Las extorsiones y los asaltos son el pan de cada día; no se hacen las actividades pertinentes para cuidarnos. Buscamos trabajar honestamente y ya estamos hartos de abusos de autoridades y de fiscalías que solo buscan extorsionar al transporte”, denunció Octavio García, transportista y líder sindical en el Estado de México, quien ubicó como focos rojos permanentes al Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y las rutas hacia Querétaro, Puebla y Pachuca.
El testimonio de los operadores reflejó la gravedad de los ataques. “Me quitaron mi unidad, me quitaron la carga y me privaron de mi libertad dos o tres días. No sabe uno si va a regresar a casa; vive uno con el temor, con pánico e impotencia”, relató el conductor Martín Muñoz.
Déficit de choferes y violencia desbordada en los estados
El clamor por la crisis de seguridad se replicó en el centro, norte y sureste del territorio mexicano. En Veracruz, el delegado de CANACAR, Martín Vázquez Castillo, alertó que el miedo a perder la vida ha generado un grave déficit de personal:
“Ya no nada más se roban la mercancía; se roban las unidades vacías, te roban todos los productos, matan a los operadores y cada día es peor. Carga hay mucha, lo que no hay son operadores porque ya se han bajado de los carros por miedo a que los maten”, afirmó, señalando que hasta 50% de las flotillas en regiones como Cumbres de Maltrata, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba y Orizaba permanecen paradas.
En Zacatecas, bloqueos en la caseta de Calera evidenciaron el peligro de transitar hacia los estados vecinos: los transportistas denunciaron secuestros de choferes a plena luz del día en rutas hacia Jalisco y un clima de zozobra total en los límites con San Luis Potosí, acentuado por las malas condiciones de la vía Ojocaliente-Zacatecas y la falta de señal en Villa de Cos.
En la frontera norte, delegaciones de CANACAR en Tamaulipas realizaron concentraciones en Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira —donde cerca de 300 tractocamiones realizaron paro de brazos caídos—. El delegado Ricardo Pillado Arrejon alertó que operar se ha convertido en un «acto kamikaze» ante el precio del combustible y la suspensión por más de ocho semanas del estímulo fiscal al diésel. A su vez, en Coahuila, más de mil tráileres protestaron en la autopista Monterrey-Saltillo, exigiendo que las concesionarias indemnicen el robo de vehículos en autopistas de cuota.
Corralones abusivos y cobros municipales
Las organizaciones gremiales sumaron denuncias por cobros desmedidos en maniobras de rescate y almacenamiento vehicular. En Michoacán, caravanas en el Periférico de Morelia acusaron que grúas y corralones en Maravatío y Zitácuaro imponen cobros indebidos de 100 mil a 200 mil pesos, monto que en Tamaulipas asciende hasta a medio millón de pesos tras meses de trámites burocráticos para liberar camiones recuperados por las fiscalías.
En el sureste, la Coalición de Transportistas de Yucatán cerró parcialmente la carretera federal Mérida-Campeche, donde además de contabilizar más de 3 mil 600 asaltos a nivel nacional, reprocharon cobros municipales arbitrarios de entre 5 mil y 6 mil pesos para realizar maniobras de carga y descarga. En Pachuca (Hidalgo), Monterrey (Nuevo León) y Calpulalpan y Apizaco (Tlaxcala), los transportistas mantuvieron plantones frente a oficinas federales y bloqueos de un carril.
Presidencia atribuye protestas a inconformidad fiscal
Frente a la parálisis en corredores carreteros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la representatividad de los bloqueos durante su conferencia matutina, vinculándolos con una modificación impositiva del Paquete Económico 2027.
La mandataria precisó que la Secretaría de Hacienda ajustó de 300 a 250 millones de pesos anuales el tope para la doble deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de peajes, medida que, según sus cifras, impacta a una cúpula del sector:
“Eso solo afecta a 170 empresas, es una afectación pequeña porque se trata del seis por ciento de las empresas de transporte de carga en el país”, apuntó Sheinbaum. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, complementó que dichas empresas absorbieron 4 mil 500 millones de pesos de un subsidio total de 13 mil 900 millones de pesos en 2026.
Pese al desencuentro sobre el origen del conflicto, el Gobierno federal confirmó la apertura de mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación y operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional para restablecer el libre tránsito en los puntos neurálgicos del país.