Familiares de personas desaparecidas y víctimas sobrevivientes marcharon este domingo por calles de Nuevo Laredo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para exigir avances en las investigaciones, justicia y la localización de sus seres queridos, principalmente en casos relacionados con operativos de la Secretaría de Marina ocurridos en 2018.
La movilización avanzó por la avenida Guerrero y concluyó en el Monumento a Los Fundadores, donde los participantes solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el acto se realizó una “lista de presente” de las personas que continúan desaparecidas y cuyos casos, señalaron sus familiares, no han derivado en sanciones contra elementos navales. Tras cada nombre, los asistentes respondieron: “Presente ahora y siempre”.
Entre las familias participantes estuvo la de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 19 de febrero de 2018. Su madre, Erika Redondo, afirmó que, después de más de ocho años, su principal exigencia es conocer su paradero.“Principalmente es que me regresen a mi hijo, que me digan dónde está. Es todo lo que les he pedido siempre”, declaró.
La madre señaló que, pese a los procesos judiciales y a una disculpa pública en la que autoridades reconocieron los hechos, no se han concretado sanciones. “No hubo castigo, no hubo prisioneros, no hubo nada, absolutamente nada”, sostuvo.
También participó Manuela Trinidad Ramírez García, madre de Daniel Gerardo García, desaparecido el 14 de abril de 2018. La mujer dijo que mantiene la exigencia de justicia y de información sobre el paradero de su hijo.“Yo exijo justicia contra esos marinos que han soltado y quiero que ya, como dicen muchas madres, solamente saber en dónde está mi hijo. Es lo único que yo quiero”, expresó.
De acuerdo con la Recomendación por Violaciones Graves 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron documentadas desapariciones forzadas de 27 personas, además de detenciones arbitrarias, con participación de autoridades federales y estatales. De ese grupo, 12 víctimas fueron localizadas posteriormente sin vida.
Las familias reiteraron que continuarán con las movilizaciones para mantener vigentes sus demandas de localización, esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades conforme a las investigaciones y resoluciones judiciales.