La sequía que prevalece en el estado obligó a que en los primeros ocho meses de 2026 se dejaran de sembrar más de 300 mil hectáreas de sorgo y maíz en 19 municipios del centro de la entidad, donde un incendio forestal que actualmente arde en el municipio de Santander Jiménez ha arrasado con más de mil hectáreas de vegetación.
Asimismo, cinco municipios de la región llamada “altiplano tamaulipeco”: Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Bustamante, padecen afectaciones severas por el clima seco propio de la zona, donde además que falta lluvia, pozos artesanos están diezmados, la humedad ambiental es mínima y los pocos aguajes están agotados.
Por ello, esas cinco demarcaciones reciben apoyo con camiones cisterna que distribuyen agua clorada no potable, con la que los ejidatarios alivian la falta de líquido para uso humano en esa región, considerada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre las poblaciones más pobres de Tamaulipas.
Javier González Hernández, abogado defensor de obreros y sindicatos, aseguró que “ningún gobierno” ha concretado sus promesas hechas en campañas electorales, “desde que tengo uso de razón los campesinos, ganaderos, agricultores, aguacateros y nogaleros no han visto cumplidos los compromisos de los políticos y los partidos que los postulan”.
En el municipio de Jaumave, productores particulares de cítricos rentaron hace más de dos décadas 70 hectáreas por un periodo de 50 años, pero antes de que firmaran los contratos ante una notaría pública, supieron en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que el ejido Monte Redondo del municipio Jaumave tenía el primer derecho para extraer líquido del río Guayalejo.
Entonces los agricultores iniciaron estudios topográficos para establecer sistemas de riego por aspersión y goteo para extraer agua de ese cauce con equipos de bombeo de 50 pulgadas con las cuales alimentan sus huertas.
“No obstante que la Conagua estaba enterada de los daños que provocaría a los campesinos de 12 ejidos, poco les importó dejar sin agua a los predios parcelarios y a las familias que habitan una docena de poblaciones rurales”, acotó el litigante González Hernández.
En la época panista y priísta, hasta 2018, la empresa arrendataria obtuvo beneficios del programa Procampo, luego de obligar a labriegos a registrarse para obtener el recurso, pero como el consorcio tenía los contratos de renta, obtuvo los beneficios para sí misma y a los dueños de la tierra únicamente les dio un porcentaje mínimo de los recursos obtenidos.
Lo mismo ocurrió con otros programas que se promovieron en las primeras dos décadas del siglo para zonas áridas, que sufren índices de marginalidad y pobreza elevados, a los que destinaba recursos abundantes a cambio de votos en elecciones presidenciales, de gobernadores, legisladores y alcaldes.
Recientemente, los arrendatarios inscribieron las mismas 70 hectáreas por las que el PAN y el PRI les regalaron recursos, e hicieron lo propio en el programa Sembrando Vida.
“Los pinches políticos sólo quieren chingar a los más fregados y no tienen llenadera, da lo mismo que gobierne el PAN, el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y cualquier otro de los nuevos partidos, sólo quieren joder a los que menos tienen”, reprochó Javier González.