Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas en Estados Unidos presentó una acusación formal de doce cargos contra un hombre residente de la ciudad de Amarillo por conspiración para proporcionar armas de fuego al Cártel de Sinaloa y contra otras tres personas, incluyendo un ciudadano mexicano, acusadas de delitos relacionados.
La Fiscalía de Texas relató que Loyd Walter Hall, de 27 años, está acusado de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, varios cargos de proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas y conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas.
En tanto, Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah, están acusados de conspiración para la compra ilícita de armas y conspiración para el tráfico ilícito de armas.
En el mismo caso, Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, está acusada de hacer una declaración falsa en la información requerida a un vendedor de armas con licencia.
El fiscal federal Ryan Raybould explicó que entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus cómplices mantuvieron una relación con un miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México.
A través de esta relación, Hall proporcionó armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses al Cártel de Sinaloa, a pesar de saber que este era una organización terrorista extranjera.
“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robo internacional de combustible. Este caso subraya el compromiso de mi oficina con el desmantelamiento de todas las redes criminales de los cárteles”, subrayó el fiscal.
Por su parte, Brian Garner, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas, señaló que las acusaciones describen no solo el tráfico ilegal de armas de fuego, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado.
“Las personas que, a sabiendas, arman a organizaciones criminales violentas y las ayudan a explotar nuestras leyes amenazan la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, sostuvo Garner.
De acuerdo con la fiscalía federal, cada acusado ya compareció inicialmente ante el tribunal:
- Loyd Walter Hall: De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.
- Jesús Quezada Meza y Omar Velásquez: Podrían enfrentar hasta 15 años de prisión federal cada uno.
- Catlynn Ann Townsend: Podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal.
Esta operación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) con la asistencia del FBI y el Departamento de Policía de Amarillo.
Al respecto, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó que dicha acusación reafirma el compromiso de la Administración estadounidense de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles.
“Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan cuentas y proteger a nuestras comunidades. Los cargos relacionados con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa subrayan por qué nuestros países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armas hacia las manos de las organizaciones criminales”, aseveró Johnson.