Como parte de las acciones para erradicar los delitos ambientales en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ejecutado más de 216 operativos en el Estado de México desde 2022 a la fecha sin conseguir frenar por completo la tala ilegal.
Ante este escenario, la bancada del Partido Verde remarcó que la persistencia de esta problemática demuestra que las conductas ilícitas contra el entorno natural demandan una estrategia institucional más sólida, severa y articulada.
Para atender esta problemática, el instituto político destacó la relevancia del marco legal vigente tras la aprobación, en diciembre de 2024 por parte del Congreso de la Unión, de la reforma constitucional impulsada por su grupo parlamentario para incorporar activamente a las fuerzas armadas en estas tareas.
«Gracias a esta modificación constitucional, las autoridades ambientales pueden solicitar el apoyo de la corporación para prevenir, investigar y combatir los delitos que afectan los recursos naturales y las Áreas Naturales Protegidas», precisó mediante un comunicado el partido.
El impacto de este ajuste normativo se evidenció recientemente durante el megaoperativo nacional desplegado el pasado 10 de julio en 25 entidades federativas.
La intervención coordinada contó con el despliegue de elementos de la Profepa, las secretarías de Medio Ambiente, Gobernación y de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, fiscalías y policías locales para blindar las zonas forestales de mayor riesgo.
Finalmente, el Partido Verde sostuvo que la consolidación de este frente común entre los organismos de protección ecológica y las fuerzas de seguridad pública resulta indispensable para asegurar la preservación del patrimonio forestal.
Asimismo, enfatizó que el trabajo conjunto permitirá desarticular con mayor efectividad a las organizaciones criminales dedicadas a la deforestación ilegal en el territorio nacional.