Representantes de organizaciones a favor de los derechos de los migrantes demandaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dar seguimiento a los casos de connacionales que perdieron la vida durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y determinar si existieron violaciones graves a los derechos humanos.
El activista Mario Campos Roja, dijo que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el pasado 7 de julio, ha provocado que miles de connacionales en Estados Unidos se sientan aterrorizados ante la posibilidad de ser detenidos en operativos migratorios donde pudieran perder la vida, como consecuencia.
Durante el foro «Voces migrantes de organizaciones civiles», que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, dijo que la muerte de Salgado Araujo no puede quedar reducida a una estadística, por lo que demandó que, en este y en más de una docena de casos denunciados por organizaciones civiles, se lleven a cabo investigaciones independientes, transparentes e imparciales.
Campos Rojas pidió a la ONU dar seguimiento las muertes de migrantes en operativos del ICE y al Gobierno y Congreso mexicanos no permanecer indiferentes ante esta situación, así como levantar la voz en defensa de los connacionales.
«Exigimos al Estado mexicano no permanecer indiferente ante esta situación que nos atañe a todos, pedimos que el Congreso de la Unión también levante la voz en defensa de esos connacionales hermanos. Exigimos que la ONU dé seguimiento a estos casos y determine, conforme al derecho internacional, si existieron violaciones graves a los derechos humanos y las responsabilidades que corresponde.
«Exigimos justicia, exigimos la verdad. No aceptamos que una persona pueda perder la vida sin que exista una investigación completa, transparente y con rendición de cuentas. Los migrantes no deben ser tratados como criminales, los migrantes son trabajadores que sostienen con esfuerzo a miles de familias y son hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo económico de dos naciones, merecen respeto, tienen derecho a la protección y a la justicia», afirmó.
Víctor Lozano, representante de la Fundación Padre y Madre, lamentó que, ante el recrudecimiento de las políticas públicas antiinmigrantes de carácter xenofóbico en Estados Unidos, la diplomacia mexicana sólo manifieste su descontento.
Criticó además la falta de políticas públicas para velar por la integridad y la seguridad de miles de migrantes indocumentados que se juegan la vida por un estilo de vida honroso y decoroso.
El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, Alfonso Sánchez Talledo, indicó que de acuerdo con cifras de la Cancillería mexicana, en Estados Unidos viven cerca de 39 millones de personas de origen mexicano, de las cuales cinco millones se encuentran en situación jurídica irregular, lo que los convierte en familias que en cualquier momento podrían ser separadas.
Advirtió que la deportación masiva es un problema que se agudizó a partir de 2025, al grado de que se modificó el mapa, porque ahora el retorno de connacionales deportados ya no se centra en el norte de México, sino en su franja sur.
Detalló que en mayo de 2026, Ciudad Juárez, Chihuahua, recibió apenas 207 repatriados, la cifra más baja registrada en 25 años, mientras que en la frontera sur la cifra fue de miles.
«Los vuelos se dirigen cada vez menos a Chihuahua y cada vez más a Chiapas y a Tabasco, en el sur del País, a cientos de kilómetros de las comunidades de origen de quienes regresan () distancia, considero, deliberadamente construida entre quien deporta para separar a la familia que espera», alertó.
Dijo que la separación de las familias afecta sobre todo a niñas, niños y adolescentes, quienes quedan atrás, muchos al cuidado de vecinos, conocidos o con arreglos informales que no garantizan su bienestar.
Indicó que si bien México cuenta con herramientas para acompañar estos procesos, es una herramienta inacabada que tiene que ser ampliada.
La activista Gabriela Hernández, quien dirige el albergue Casa Tochan, llamó a México a no ser incoherentes y proteger los derechos humanos de migrantes que pasan por México.
«Yo nunca había visto tan entregado al Gobierno mexicano a lo que dicta Estados Unidos. A mí como mexicana me da pena, porque nos decimos independientes, soberanos y cada que nos dicen hay que parar la migración, la paran a como dé lugar», indicó.
Dijo que si bien en México existe el programa «México te abraza», no a todos se les cumple con los ofrecimientos y, aunque celebró que hoy se pelee por los connacionales a quienes «ya los mató el ICE», recordó que en México 40 migrantes murieron quemados en Ciudad Juárez, Chihuahua, por una negligencia, y en el caso de la masacre de San Fernando, la justicia no ha llegado y, en algunos casos, los cuerpos de las víctimas tampoco.
Hernández reiteró a los legisladores la demanda que mantiene, desde 2021, de implementar un programa de regularización temporal de migrantes en el país, a fin de reducir la vulnerabilidad en la que se encuentran.