La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelará la información sobre peticiones de extradición, tras la orden dada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios, a los que México se niega a entregar sin las suficientes pruebas que acrediten las acusaciones que pesan en su contra.
“Por instrucciones de la presidenta y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la Cancillería transparentará dicha información”, señaló la SRE en un mensaje en redes sociales.
Especificó que la excepción serán las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales ya que “por su naturaleza tienen carácter reservado”.
“Nuestro compromiso es con la transparencia”, resaltó la Cancillería.
Este anuncio se da luego que se conociera que el Comité de Transparencia de la SRE reservó por cinco año las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades de EU sobre el caso, al argumentar que su divulgación podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del país y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.
El gobierno de México ha rechazado la petición de extradición del gobernador de Sinaloa si Estados Unidos no presenta la pruebas que sustenten sus acusaciones de narcotráfico y de vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, ven la petición de extradición contra Rocha Moya, así como los casos del fiscal adjunto del estado, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros, como un intento de Washington de inmiscuirse de manera indebida en los asuntos internos de cara a influir en las elecciones de 2027. (Europa Press)
Cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y la DEA anunciaron el desahogo de una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, México, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado durante años con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.
● Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa. Cargos: conspiración para importar narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; conspiración relacionada con armas.
● Enrique Inzunza Cázarez – Senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía estatal de Sinaloa. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía Investigadora estatal. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) – Exjefe de la Policía Investigadora estatal. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) – Exsubdirector de la Policía Estatal. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán. Mismos cargos federales de narcóticos y armas.
● Juan Valenzuela Millán (“Juanito”) – Ex-mando de la Policía Municipal de Culiacán. Cargos anteriores más secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro.