La investigación contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entró a una nueva etapa: seguir la ruta financiera y patrimonial de su círculo familiar.
El congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no se limita a exfuncionarios y mandos de seguridad señalados en investigaciones de EU, sino que alcanzó a hijos del exmandatario, además de socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas vinculadas al entorno político que acompañó a Rocha durante su ascenso y paso por el poder en Sinaloa.
En oficios enviados el 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a instituciones financieras del País –difundidos por la periodista Peniley Ramírez en Grupo Reforma–, se instruye incluir a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica impedir operaciones bancarias, apertura de nuevas cuentas y disposición de recursos dentro del sistema financiero mexicano.
Mientras la acusación presentada por fiscales federales de Nueva York se concentra en presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el narcotráfico, la investigación mexicana parece orientarse hacia posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera, contratos públicos y uso de estructuras empresariales vinculadas al entorno familiar y político de Rocha Moya.
Entre los nombres incluidos aparecen los hijos del exmandatario: Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha y empresas creadas en los últimos 20 años alrededor del apellido Rocha, como Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, la Sofom A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas (dedicada a estudios de mercado y campañas políticas) y Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria.
Congelan cuentas y detienen a Secretario de Seguridad
La presión judicial de Estados Unidos contra el entorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivó en la entrega de su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, y la captura en Arizona de su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.
Ambos enfrentan cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento de alto poder. Esta ofensiva se enfoca de manera inédita en desmantelar las redes de protección política que presuntamente favorecieron a las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México bloqueó las cuentas bancarias de Rocha Moya, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros ocho implicados en el expediente.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la naturaleza técnica de la UIF, señalando que la congelación procede de manera automática ante cualquier irregularidad financiera detectada. Esta medida ocurre semanas después de que el gobierno estadounidense de Donald Trump formalizara la solicitud de detención con fines de extradición contra el mandatario estatal.
El caso mantiene un alto impacto binacional, ya que Mérida Sánchez fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo un estricto sello judicial que protege los detalles de la investigación.
Las agencias de seguridad norteamericanas consideran que las declaraciones de capos de la droga han aportado evidencia suficiente para procesar a estos exfuncionarios por delitos que alcanzan la cadena perpetua. El operativo financiero y policial coordinado busca estrangular las estructuras financieras de los señalados mientras avanzan las solicitudes de extradición.