El acoso y el hostigamiento sexual se han disparado 119 por ciento en el País desde 2018 y muestran un repunte constante que especialistas atribuyen a la impunidad, la normalización de la violencia y la expansión de agresiones digitales.
Casi la mitad de las 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionados con incidentes de acoso u hostigamiento sexual se registran en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Guanajuato, alerta el Informe de Violencia contra las Mujeres, con corte a septiembre.
Esas cinco entidades reportan un acumulado de 4 mil 596 llamadas de emergencia por esas conductas el 46.3 por ciento del total, mil 107 en la Capital del País, 933 en Chihuahua, 891 en la entidad mexiquense, 870 en Baja California y 795 en Guanajuato.
En cuanto a tasas por cada 100 mil habitantes, el fenómeno lo encabeza Colima, seguido de Chihuahua, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Guanajuato y la Ciudad de México, se advierte en el reporte realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El acoso y hostigamiento sexual repuntó en 2025 en un 2.5 por ciento al pasar de mil 76 casos en promedio mensual en 2024 a mil 103 llamadas de emergencia entre enero y septiembre.
No obstante, desde 2018, estos delitos han aumentado de manera alarmante.
En ese año se registraron 504 casos en promedio mensual, es decir, a 2025 el acoso aumentó en un 119 por ciento.
Para Inmujeres, el hostigamiento sexual es «el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva».
En tanto, el acoso sexual es «una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos».
La institución federal identifica al menos cuatro raíces del problema: machismo, estereotipos sobre la sexualidad, el abuso de poder y una débil cultura de la denuncia.
«Cuando predominan ideas, creencias, refranes, canciones, mensajes y comportamientos que reafirman un rol dominante de los hombres hacia los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres: hablamos de ‘machismo’. Los piropos, actos de asedio sexual, chistes, burlas o insinuaciones sin consentimiento o reciprocidad, son conductas de hostigamiento o acoso sexual, que debido al machismo son permitidas y alentadas como parte del ser hombre y, por tanto, son comportamientos considerados como ‘naturales, normales e inevitables’ en sus relaciones con las mujeres», refiere el organismo.
«En nuestra sociedad prevalecen creencias y actitudes inspiradas en ideas sobre el ser mujer y ser hombre que propician el hostigamiento sexual (hs) y el acoso sexual (as). Las más comunes dictan que el deseo sexual de los hombres es como un volcán incontenible y que las mujeres están al servicio de su placer; que el rol de ellos es demostrar su virilidad y conquistarlas y el de ellas seducirlos o conquistarlos. El hs y el as se justifican porque se les interpreta como conductas inofensivas y propias de la ‘naturaleza’ de la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres», añade.
Indica que en nuestra sociedad los hombres ostentan mayor poder que las mujeres, lo que las coloca en posiciones de desigualdad y mayor vulnerabilidad.
«Por ejemplo, en algunos espacios laborales se tiende a imponer horarios de trabajo y de salida muy prolongados; exigencia de presencia en lugares fuera de las oficinas o instalaciones de trabajo; decisiones o reglas arbitrarias, generando climas propicios a la afectación de derechos, al silencio, la omisión o incluso la complicidad con las o los jefes ante conductas hostiles o violentas que incluso pueden constituir hs o as», expone.
Señala que la falta de confianza en las autoridades, la vulnerabilidad mientras se realizan los procesos de justicia, la falta de respuestas adecuadas ante las quejas, el excesivo tiempo que toma la justicia, el miedo a los despidos, la expulsión de los entornos escolares, el señalamiento público como personas conflictivas, así como los procedimientos engorrosos y largos justifican la débil cultura de la denuncia, lo cual favorece la impunidad y la tolerancia al hostigamiento y acoso sexual.
‘Conquistar desde una visión colonialista’
«Lo primero que hay que considerar es que el acoso y hostigamiento sexual son parte de la violencia sexual. En sí mismo hay que llamarles como son: agresiones sexuales y quienes lo cometen son agresores sexuales.
Partiendo de este tema, este fenómeno, luego lo atribuyo a que esté en ascenso, porque la violencia sexual tiene que ver con el poder, con el sometimiento, con el control de unos sobre otros, sobre los cuerpos de las mujeres», opina Yndira Sandoval, activista e impulsora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.
«Es un asunto que tiene que ver con complacer o saciar algunos deseos, tiene que ver con dominar el cuerpo de las mujeres. Y en un sistema patriarcal basado en la disputa del poder sobre los territorios, como el cuerpo de las mujeres, existe un pensamiento totalmente naturalizado y tolerado que tiene que ver con acciones de aquellos que tratan de poseer, de tocar, de conquistar desde una visión colonialista, los cuerpos de las mujeres, al creer que les pertenece», añade Sandoval, también fundadora de Todas MX, una iniciativa en contra de la violencia de género.
Indica que el patrón de acoso y hostigamiento sexual no es el mismo de siempre, ya que se ha incrementado y se han endurecido las formas en las que éste se ve manifestado.
«Es decir, con la tecnología, vinieron otras formas de manifestar esta violencia sexual hacia los cuerpos de las mujeres, con violencias simbólicas, hipersexualizando los cuerpos de las mujeres, lo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Incluso la Inteligencia Artificial ha venido a generar nuevas formas y manifestaciones de violencia sexual contra las mujeres, así como el generar que las nuevas agresiones contra las mujeres se den de formas más crueles e inhumanas.
«Entonces, no sólo el acoso y el hostigamiento han sufrido manifestaciones y cambios, sino se han incrementado y se han recrudecido las formas en las que el acoso y el hostigamiento sexual se da contra las mujeres. Disminuir y erradicar este fenómeno pueden ser a través de propuestas legislativas que hay que revisar, porque no está en todos los marcos jurídicos de los 32 estados, que tendríamos que apelar a que existieran marcos normativos en los más de 2 mil 400 Municipios y 16 Alcaldías», plantea.
Sandoval reprocha que actualmente es más grave orinar en la calle que tocar, hostigar o acosar sexualmente a una mujer en los espacios públicos, en el transporte o en el trabajo.
«Porque los primeros respondientes, entiéndanse los policías de proximidad o, en el caso de los municipios, los policías municipales, no tienen atribuciones para tocar estos temas. Y cuando se tienen atribuciones, pasan al Ministerio Público, y estos no necesariamente son temas punitivos o penados en la mayoría de las entidades.
«Entonces, hay que fortalecer en los marcos jurídicos, pero no solamente se trata de endurecer las penas, sino esto tiene que ir acompañado de grandes campañas de sensibilización en los espacios educativos, en los espacios digitales, en los centros de trabajo, donde haya una corresponsabilidad de garantizar espacios libres de acoso y hostigamiento, espacios que con toda libertad y sin miedo las mujeres nos podamos desarrollar libremente», señala.
La antropóloga social y politóloga feminista mexicana advierte que si bien los gobiernos han creado Institutos (de la Mujer), centros de ayuda y números de emergencia, estos no siempre van a ser efectivos.
«Primero, porque se hacen desde una visión totalmente centralizada. No es lo mismo ser mujer en una frontera, en una zona rural, en una zona urbana, y no se trata solamente de decir que las mujeres son quienes tienen que acudir. Ojo aquí, si yo creo una nueva institución, cuando una mujer va a la institución es cuando ya sucedió.
«Si yo creo un número de emergencia, la mujer va a llamar cuando ya sucedió. Y la idea es que el Estado y las instituciones vayan a las mujeres y no las mujeres a las instituciones, porque cuando ya vamos las mujeres a las instituciones es cuando ya sucedió. Y cuando las instituciones van a las mujeres es para prevenir», alerta.
«Si hay un lugar inseguro para la comunidad, será dos o tres veces más inseguro para las mujeres. Entonces, hay que apostar por el desarrollo plural y equitativo de las mujeres, porque apostar por ello es apostar por el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.
Veamos el tema del acoso y el hostigamiento como una forma de control y dominación hacia los cuerpos de las mujeres, especialmente en el espacio público, donde se considera que este espacio no nos pertenece, como si fuera un costo a pagar por ocupar distintas esferas para nuestro desarrollo de nuestra vida humana», puntualiza Sandoval.
Abunda en que si se entiende a la violencia de género como un acto de control y dominación, y se atiende con esa severidad desde la prevención, quizá se pueda aspirar a que las convivencias y las dinámicas entre hombres y mujeres puede ser más equitativa.
‘Prevalece la impunidad en los estados’
La abogada y activista Maricruz Ocampo advierte sobre la falta de programas reales de prevención ante el acoso y el hostigamiento sexual y el surgimiento de una contraola en redes sociales que promueve las agresiones, como la del llamado movimiento «incel».
«Los patrones de hostigamiento y acoso sexual han variado. Un factor importante fue la pandemia. Aunque se ha visibilizado con movimientos como el ‘Me Too’, las conductas se han recrudecido por la impunidad que prevalece en la mayoría de los estados y la naturalización de las mismas.
«En tanto las mujeres sigan siendo responsabilizadas de las conductas de los agresores no veremos cambios. En las Fiscalías, por ejemplo, se sigue cuestionando a las víctimas (cómo se visten, cómo se comportan, qué pruebas tienen, etc) y se da el beneficio de la duda al agresor», reclama.
Añade que la cultura de la prevención es indispensable, pero que esta debe ser dirigida a cambiar comportamientos arraigados en la sociedad.
«Es por eso que debe incorporarse en los programas de educación, de difusión y de sanción de hombres agresores. Muchos gobiernos han utilizado a los Institutos y Secretarías de las mujeres de manera clientelar, y no con los objetivos para los que fueron creadas. En otros casos, estas instancias existen sólo de nombre, ya que no cuentan con presupuesto ni personal. Además, el enfoque de los programas sigue repitiendo errores del pasado, que no permiten el cambio real de la condición y posición de las mujeres ni el cambio cultural en la construcción de los hombres», lamenta.
‘Se siguen normalizando desde la familia’
Perla Pedroza Vélez, abogada electoral y defensora de derechos humanos y políticos de las mujeres, opina que el incremento del acoso y hostigamiento sexual responde a causas estructurales que no han cambiado en México.
«En primer lugar, la violencia sexual se sigue normalizando desde el ámbito familiar, que es el primer espacio donde muchas niñas y mujeres aprenden a tolerar conductas invasivas o agresivas. Esa normalización se extiende también al noviazgo, donde muchas jóvenes viven control, celos, coerción o tocamientos no consentidos que se justifican como ‘muestras de amor’ o ‘problemas de pareja’. Ese aprendizaje temprano configura relaciones de poder que después se replican en la escuela, el trabajo y el espacio público», explica.
«A esto se suma que las instituciones encargadas de atender y sancionar estos delitos no han logrado construir un sistema de justicia realmente sensible al género. La impartición de justicia sigue atravesada por estereotipos patriarcales arraigados en las y los servidores públicos, quienes atienden los casos desde sus propias creencias y no desde criterios especializados. Las capacitaciones institucionales, cuando existen, suelen ser superficiales, impartidas fuera del horario laboral y sin metodologías adecuadas, lo que impide transformar esas percepciones».
La también integrante del Observatorio de la Paridad y Violencia Política de Morelos dice que, como resultado, las denuncias de violencia de género se minimizan, se cuestionan o se clasifican como exageraciones, desalentando a las mujeres a hacerlo y dejando a los agresores sin consecuencias reales.
«El aumento también está relacionado con que las mujeres hoy tienen mayor conciencia de las violencias que pueden sufrir. Identifican y nombran conductas que antes se asumían como parte de la convivencia cotidiana.
No es que el acoso sea nuevo: es que ya no pasa desapercibido. La visibilización, los movimientos de mujeres y el acceso a la información han permitido que más mujeres denuncien, lo que incrementa las cifras, pero también muestra la dimensión real de un problema histórico que el Estado aún no ha atendido con la contundencia necesaria», advierte.
Alerta que la raíz del acoso y del hostigamiento sexual sigue siendo la misma, es decir, conductas que buscan controlar, dominar o invadir la autonomía de las mujeres.
«En los últimos seis años se han observado transformaciones importantes en la manera en que estas agresiones aparecen y se reproducen. Hoy el acoso ocurre con mucha más fuerza en los entornos digitales, donde se presentan mensajes insistentes, solicitudes inapropiadas, vigilancia en redes sociales y la difusión no consentida de imágenes, lo que amplía los espacios de vulnerabilidad para las mujeres.
«Además, muchas de estas conductas se vuelven más sutiles y se camuflan como bromas, insinuaciones, coqueteos o dinámicas laborales que buscan parecer inofensivas, lo que dificulta identificarlas como violencia. También existe un mayor reconocimiento de que este patrón se repite en el noviazgo y en las relaciones afectivas, donde prácticas como el control, la presión emocional o la presión sexual antes se normalizaban y hoy se entienden como parte del mismo continuum de violencia sexual», señala.
Ejemplifica que un cambio especialmente preocupante es la aparición y consolidación de comunidades misóginas en internet, como los llamados «incel», hombres que se autodefinen como ‘célibes involuntarios’ y que culpan a las mujeres de su rechazo sexual o afectivo.
«Estas comunidades no sólo reproducen discursos de odio, sino que crean redes internas entre hombres donde se acompañan, se refuerzan y se aconsejan mutuamente para acosar, agredir sexualmente, violar e incluso asesinar a mujeres.
«La mayoría de sus discursos y objetivos se centran en mujeres de entre 14 y 25 años, jóvenes que están siendo víctimas de esta extensión de la violencia sexual que nace en el espacio digital y se traslada a la vida real. Este fenómeno, que no tenía la misma fuerza hace seis años, ha alimentado un clima de misoginia organizada que profundiza la gravedad del acoso y del hostigamiento sexual», subraya.
Al problema, reprocha, se suma que conforme más mujeres ponen límites y exigen respeto, algunas personas reaccionan con mayor hostilidad, ya sea mediante amenazas, represalias laborales, difamación o intentos de desacreditarlas socialmente.
«En conjunto, todo esto muestra que aunque la esencia del acoso no ha cambiado, sus formas se han diversificado, se han sofisticado y se han vuelto más violentas, alimentadas por los espacios digitales, por nuevas comunidades misóginas y por un entorno social que todavía normaliza estas conductas. Esto convierte al acoso y al hostigamiento sexual en un fenómeno mucho más complejo y más difícil de detectar, contener y sancionar que hace seis años», reflexiona.
Respecto al informe del SNSP, Pedroza remarca que existe aún «un maquillaje institucional de las cifras».
«En muchos Ministerios Públicos, los delitos denunciados no se registran correctamente. En lugar de clasificarlos como acoso u hostigamiento sexual, se tipifican como lesiones, amenazas, riña o incluso ‘problema familiar’. Esta práctica reduce artificialmente las estadísticas, permite que las autoridades presuman una disminución inexistente y obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas. La clasificación incorrecta de los hechos no sólo invisibiliza la violencia, sino que impide que el sistema reconozca su verdadera magnitud», asegura.
«La cifra negra en delitos de acoso y hostigamiento sexual demuestra que el sistema de denuncia no está funcionando como debería. La mayoría de las mujeres decide no acudir al Ministerio Público porque saben, por experiencia propia o por la experiencia de otras mujeres, que el proceso será desgastante, lento y, en muchas ocasiones, inútil. No basta con que exista una ruta legal, si esa ruta está diseñada para desalentar, no para acompañar. Las mujeres deben repetir una y otra vez lo sucedido, esperar durante horas, llenar formularios confusos, enfrentarse a personal que no les brinda información clara y, con frecuencia, salir sin medidas de protección inmediatas. Esa experiencia deja claro que denunciar no necesariamente mejora su situación».
Pedroza, también integrante del Frente Morelense Contra la Explotación Reproductiva de las Mujeres, propone abandonar la lógica de «más de lo mismo» que se ha aplicado durante los últimos seis años contra el acoso y hostigamiento sexual.
«No basta con capacitar al funcionariado o emitir protocolos que nunca se cumplen. Se requiere una transformación cultural, institucional y social que reconozca que el origen de esta violencia no está solamente en las mujeres que denuncian ni en las instituciones que fallan, sino también en los hombres que agreden y en el sistema patriarcal que ha moldeado sus conductas desde la infancia. Esto obliga a diseñar políticas que no sólo protejan a las mujeres, sino que atiendan las causas profundas que generan hombres que violentan.
«Las campañas deben existir, pero no diseñadas como mensajes genéricos que nadie escucha. Se necesitan campañas segmentadas que respondan al nivel educativo, cultural y social de cada grupo. Una dirigida al gremio docente para que identifique y actúe ante el acoso escolar; otra para el alumnado, con mensajes claros sobre consentimiento, límites y autocuidado; otra para madres y padres de familia que les dé herramientas para educar sin reproducir estereotipos; otra para la ciudadanía en general que explique la gravedad del acoso y cómo intervenir, y una específica para los hombres que cuestione de manera directa su relación con el poder, el control y la violencia. Esta última debe enfocarse en entender por qué algunos hombres acosan, humillan o agreden, y por qué otros hombres lo permiten, lo celebran o lo justifican», destaca.
Llamó a que el Estado impulse investigaciones psiquiátricas, psicológicas, antropológicas, económicas y culturales que analicen cómo se está formando la masculinidad en México y cuáles son los elementos que la vuelven peligrosa para las mujeres.
«Los hombres agresores no nacen violentos: son producto de un sistema que les enseña que controlar, dominar, subordinar e incluso castigar a las mujeres es parte natural de su identidad. El Gobierno debe tener el valor político de reconocer que el sistema patriarcal daña a las mujeres, pero también daña profundamente a los hombres, porque los obliga a ser proveedores rígidos, invulnerables, agresivos y emocionalmente mutilados. Mientras los hombres sigan creyendo que las mujeres son la causa de sus frustraciones, y no los propios estereotipos patriarcales que los consumen, la violencia seguirá reproduciéndose», anticipa.
El problema, expone, no es la falta de programas, sino falta de voluntad para construir instituciones fuertes, autónomas, financiadas y evaluadas.
«No es falta de números telefónicos, sino falta de personal capacitado y con estabilidad laboral. No es falta de oficinas, sino falta de autonomía técnica para cuestionar, denunciar y corregir lo que no funciona. No es falta de discursos, sino exceso de simulación. Las mujeres no necesitamos más fotos, más hashtags oficiales ni más eventos multitudinarios; necesitamos políticas públicas que nos traten como sujetos de derecho, no como insumos propagandísticos.
«Necesitamos Secretarías que no estén subordinadas al humor político del día, sino que tengan capacidad de actuar sin miedo, sin censura y sin depender del calendario electoral. Necesitamos instituciones que no maquillen cifras, que no retrasen procesos, que no precaricen a su propio personal y que no reproduzcan la misma violencia que dicen combatir.
«Mientras el Estado siga administrando la violencia de género como un producto visual y no como una obligación constitucional, los institutos, centros y líneas de atención seguirán existiendo sólo como fachadas. Y las mujeres seguiremos poniendo el cuerpo para sostener una política pública que nunca termina de sostenernos de vuelta», lanza Pedroza.