El INE enfrenta un déficit de 93.8 millones de pesos, debido a que nueve de los 19 estados que tendrán elección judicial local no le han aportado el recurso al que se comprometieron para gastos de casillas y pago de honorarios a supervisores y capacitadores electorales. Tamaulipas adeuda casi $350 mil.
Los Organismos Públicos Locales (Oples) tienen que dar al INE un monto conjunto por 513 millones 837 mil 176 pesos para la operación de casillas y nómina del personal electoral, sin embargo solo diez de ellos han cumplido y el resto le debe $93 millones 819 mil 014.17, el 18.37% del total.
Por tal motivo, al INE ahora le faltan 63 millones 722 mil 678 pesos para honorarios de los llamados caes y $30 millones 096 mil 336.17 para gastos relacionados con la instalación de casillas, de acuerdo con el Informe sobre Aportaciones de los Organismos Públicos Locales, establecidas en los Anexos Financieros de los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración.
Según el documento con fecha del pasado 14 de mayo, Nayarit y Zacatecas no han aportado nada y entre ambos le deben al INE $29 millones 505 mil 819. Por otra parte, siete Oples pagaron de manera incompleta, entre estos el Instituto Electoral de Tamaulipas , quien cumplió con el 98.64% de los $25 millones 621 mil 636 estipulados, pero le faltan 349 mil 250 pesos, lo que impacta en la nómina de los Caes y supervisores.
Quintana Roo dio el 97.32%de los $14 millones 945 mil 358 que debía cubrir y le faltan $399 mil 879. Ciudad de México adeuda $15 millones 782 mil 890, entregó el 78.01% de los $71 millones 782 mil 890 comprometidos. Baja California aportó el 77.06% de los $29 millones 034 mil 414 convenidos y tiene pendientes $6 millones 659 mil 687.17.
Veracruz cumplió con el 73.72% de un total de 54 millones 694 mil 532 pesos, le faltan $14 millones 375 mil 784; Yucatán aportó el 54.62% de los $14 millones 624 mil 286 y adeuda $6 millones 635 mil 998; en tanto que San Luis Potosí solo dio el 4.4% de los $21 millones 035 mil 027 y debe $20 millones 109 mil 707.
Ya dieron su 100% Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Su aportación y los pagos incompletos de siete entidades hacen una suma de 416 millones 850 mil 279.83 pesos, el 81.63% de lo esperado.
En los 19 estados con elección concurrente se elegirán 1,800 cargos locales para la renovación total o parcial de magistraturas y personas juzgadoras. Su primera aportación al INE se programó para el mes de abril y cubriría equipamiento y acondicionamiento de casillas, apoyo a funcionarios de las mismas, así como a propietarios de inmuebles donde se instalarán, útiles de escritorio y honorarios para supervisores y capacitadores asistentes electorales.
La segunda aportación tenía que ser en mayo, para destinarse a documentación electoral compartida, portagafetes y avisos domiciliarios para ubicación de casillas por actualización al marco geográfico electoral; en los anexos financieros se estableció que el INE no absorbería los gastos no cubiertos por los Oples.
Sería de la estricta responsabilidad de dichos órganos, realizar las gestiones oportunas y necesarias para contar con la suficiencia presupuestal que permita atender los requerimientos financieros.
“Cada vez que se detecte un incumplimiento en el pago de la aportación que ponga en riesgo el desarrollo del proceso electoral, será remitido a la Dirección Jurídica y se requerirá al OPL para que informe los motivos”, se expuso en el documento, que se puede consultar en el Repositorio Documental del INE.
Se apuntó que es indispensable sensibilizar a los responsables de la ministración de los recursos para cada entidad, con el fin de que identifiquen la urgencia y riesgo que puede acarrear la falta de fondos para garantizar la debida operación de las Casillas Seccionales Únicas.
Riesgo presupuestal
Cabe mencionar que con base en el Informe sobre la Situación Presupuestal de los OPL, hay tres estados en un nivel alto de riesgo financiero para el desarrollo de su proceso electoral, siendo estos Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí, debido a la insuficiencia de recursos económicos.
Seis más están en grado medio, Veracruz, Yucatán, Colima, Quintana Roo, Ciudad de México y Baja California. Diez se encuentran en nivel bajo: Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, México, Michoacán, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, los cuales han comunicado que con las ampliaciones autorizadas cuentan con suficiencia presupuestal para la organización de las elecciones de personas juzgadoras, y el INE solo dará seguimiento para informar si hubiera un cambio en su situación.