El senador Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales impulsores de la primera Ley General de Atención a Víctimas que se creó en el 2011, ahora promueve una reforma legal para que las madres buscadoras y otros colectivos de búsqueda sean considerados auxiliares de la Comisión Nacional de Búsqueda y cuenten con el respaldo del Estado para realizar su tarea.
Recuerda que si bien el número de personas desaparecidas ha crecido de manera constante en las últimas décadas, es innegable que hay “incrementos considerables en los últimos 14 años, en especial 2018 a la fecha. Las cifras siguen en aumento acumulado, sostenido, donde el nivel más alto fue en 2023, con más de 30 mil personas que se acumularon a una cruda estadística que no advierte tendencia a parar”.
La reforma que promueve plantea establecer Grupos de Búsqueda especializados y la integración de al menos tres familiares de desaparecidos, incluida la madre de la persona desaparecida, como auxiliares de la Comisión en la búsqueda de personas desaparecidas, con beneficios económicos, medidas de protección, atención médica gratuita, seguro de vida y herramientas para desempeñar la labor que ya realizan, a través de la creación de programas de trabajo temporal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, crea el Modelo de la Prevención Nacional de las Desapariciones, el cual deberá coordinar los tres órdenes de gobierno para implementación de políticas públicas y estrategias educativas que fomenten la conciencia y comprensión sobre las desapariciones, dirigidas tanto a la población en general como a los servidores públicos, con el fin de generar una cultura de prevención y respeto a los derechos humanos.
Incluye la creación y fortalecimiento de mecanismos de alerta temprana y sistemas de respuesta rápida en comunidades de alto riesgo, para prevenir desapariciones y actuar de manera eficaz ante los primeros indicios de riesgo, el fomento de la colaboración y cooperación interinstitucional e internacional para el intercambio de información y la promoción del desarrollo económico y social en regiones identificadas con altos índices de vulnerabilidad, a través de programas de inversión y generación de empleo que busquen reducir los factores de riesgo asociados a las desapariciones.