La dirigencia nacional del PRI alista una serie de denuncias en México y Estados Unidos en contra de los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, así como el secretario de Educación, Mario Delgado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
“Esos son los que en coordinación y en cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, esos son a los que se tienen que llevar. (…) Uno de ellos, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Tamaulipas, y muchos otros que vamos a presentar de Morena, que los vamos a señalar, porque hay causas abiertas, está el del secretario de Educación, ex dirigente nacional de Morena, Mario Delgado”, aseveró.
Así lo señaló el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en conferencia de prensa quien recalcó que acudirán a instancias internacionales a denunciar y exhibir los presuntos vínculos de muchos otros funcionarios y políticos de Morena con cárteles de la droga y grupos criminales y no descartó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pueda estar incluido en esta lista que presentarán de mandatarios, dirigentes y políticos morenistas.
“Lo vamos a hacer próximamente, estamos armando todo para presentar denuncias, sendas denuncias contra los narcopolíticos de Morena, y lo vamos a hacer en México, y lo vamos a hacer en Estados Unidos, y los vamos hacer ante todos los organismos internacionales”, anunció
Asimismo, rechazó tener temor por acusaciones con lo que buscan su desafuero y retó a quienes lo acusan, pues aseguró que no lo doblarán con esa amenaza, pues continuará como opositor a la destrucción del país que tiene en marcha Morena.
Alejandro Moreno insistió en que denunciaran “a estos narcopolíticos que están vinculados con Morena” pues también a ellos se les debe enviar a Estados Unidos a comparecer ante la justicia para que paguen por sus crímenes.
Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que de ser el caso su partido respaldaría estas denuncias.
“Donde haya pruebas de que un servidor público está vinculado con el crimen organizado se tiene que aplicar todo el peso de la ley, porque como lo dice el término, se trata de servidores públicos, gente que está para servir al pueblo, si un servidor se colude con el crimen organizado el castigo tiene que ser implacable”, indicó.
El presidente del PRI volvió a criticar la política de abrazos y no balazos que se aplicó en el sexenio pasado, que sólo abrió la puerta al crimen organizado, a la impunidad, y sobre todo, a que se viva un clima de inestabilidad en el país.