Frente a la extinción de los organismos autónomos “es prioritario tener un marco jurídico que proteja los derechos adquiridos de los trabajadores, asegurando mediante leyes secundarias, la protección de la antigüedad, salarios y prestaciones sociales de los afectados”. Esa es la postura de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados en voz de Héctor Saúl Téllez.
En entrevista sobre qué hará el Congreso frente a la incertidumbre que afrontan más de 4 mil empleados de los siete organismos que este 2025 habrán de desaparecer, el legislador planteó la necesidad de establecer un esquema de liquidaciones conforme a la ley, con base en años de servicio y nivel de especialización en el que se reconozcan los años trabajados.
“Para garantizar el futuro de los cuadros calificados, el Estado debe comprometerse a diseñar un marco legal, financiero y social que priorice la protección de sus derechos laborales, reconozca su aporte histórico y ofrezca opciones viables para su integración laboral y personal. Ignorar este aspecto no solo agravaría el trauma social, sino que también significaría desperdiciar décadas de inversión pública en capital humano altamente especializado”, advirtió.
El diputado Saúl Téllez consideróque ahora es importante que se diseñen programas para reubicar a los trabajadores en otras dependencias gubernamentales, aprovechando su experiencia y conocimiento técnico, sin que se tenga que prescindir de sus servicios, a menos que sea voluntad de ellos.
El también vicecoordinador económico de la bancada panista en San Lázaro recordó que ésta buscó evitar sin éxito la extinción y por lo tanto la incertidumbre que ahora afrontan quienes pronto dejarán de laborar en INAI, IFT, Cofece, Coneval y Mejoredu, ya que en el caso de CRE y CNH se programó presupuesto para el resto de año.
El parlamentario federal por el distrito de Coyoacán se pronunció por crear comisiones legislativas especiales y mesas de trabajo con especialistas en parlamento abierto, “para instituir una legislación favorable que adecúe todas las imperfecciones normativas que ha generado Morena con la extinción de los órganos autónomos”.
Para el diputado opositor se necesita, además, un calendario que considere tiempos y espacios para ese análisis.
“El Congreso de la Unión tiene el mandato y la responsabilidad de crear un marco jurídico claro que dé certidumbre a los trabajadores afectados. Si bien el camino puede estar trazado en los artículos transitorios, será crucial un seguimiento para garantizar que las leyes secundarias reflejen un enfoque equilibrado entre la simplificación orgánica y la protección de los derechos laborales”, definió.
Comentó que si bien en la historia del Estado mexicano ha habido episodios que involucran cambios significativos en la burocracia y la estructura administrativa, eliminando o reformando organismos públicos, “pocos casos tienen la magnitud y las características específicas de un intento por prescindir de una cantidad tan grande de profesionistas técnicamente calificados”.
Ningún caso anterior, enfatizó el diputado Téllez, alcanza el nivel de pérdida de conocimiento técnico que genere incertidumbre y violación a los derechos laborales como lo plantea la extinción de los organismos autónomos.