Aunque días atrás se informó que sería una decisión de la presidenta electa y de la próxima legislatura concretar la reforma de simplificación administrativa que desaparecería los organismos autónomos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue citada de última hora para aprobar el dictamen el próximo viernes.
Morena, PT y PVEM cuentan con la mayoría de los votos en dicha instancia parlamentaria para sacar adelante el proyecto de decreto que extinguiría el INAI, la CRE, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la COFECE, el IFT y el CONEVAL.
La convocatoria para el día 23 de agosto, a las 11 horas, fue enviada la mañana de este miércoles por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), a sus otros 38 integrantes, a fin de sesionar el siguiente viernes para discutir y aprobar la propuesta de reforma que el presidente López Obrador envió el 5 de febrero como parte del denominado Plan C.
Apenas el viernes 16 de agosto el coordinador de la diputación de Morena, Ignacio Mier Velazco, a pregunta expresa sobre la suerte que correría ese dictamen comentó que todavía lo estaban revisando con lupa y serenidad.
Entonces será reflexión por parte de la siguiente (legislatura), si pueden ampliar el diálogo, si le hacen una revisión integral, pero eso finalmente se definirá a partir del 1ro de septiembre. La ruta ya lo va a determinar la nueva Legislatura y será una decisión también política por parte de la presidenta de la República”, declaró el senador electo cinco días atrás.
Pero la noche del martes trascendió que hubo cambio de señales que tanto la Secretaría de Gobernación como el equipo de la mandataria electa determinó reactivar el dictamen y aprobarlo esta semana.
¿90 DIAS DE GRACIA O UN AÑO?
Se desconoce si el dictamen revivido es el que se ajustó con un cambio en Cámara de Diputados para prolongar la agonía de estos cinco órganos autónomos al menos por un año más. O si finalmente se someterá a votación este viernes la propuesta original del presidente López Obrador en la que había 90 días naturales para que la extinción se hiciera efectiva.
La nueva redacción que los legisladores difundieron en el portal de la Cámara estaría posponiendo la materialización de la reforma hasta 2025, si es que el decreto se avala este año; en ésta versión también se indica que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan, a fin de que las funciones que ahora cubren esos órganos autónomos sean asumidas por diversas dependencias federales.
En la segunda redacción se plantea que, cuando la legislación secundaria esté lista y entre en vigor, quedarán extintos los entes públicos de la reforma en materia de simplificación orgánica, como oficialmente se llama.
Será entonces cuando los actuales comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concluirán sus funciones, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento termine antes.
Como lo había anunciado el presidente López Obrador desde que esbozó esta propuesta, las tareas del INAI serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública.
En tanto, las entidades reguladoras del sector energético serían incorporadas a la Secretaría de Energía; las del IFT a la Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura; y las que hoy efectúa la COFECE serían asignadas a la Secretaría de Economía.
La Comisión de Puntos Constitucionales sesionará mañana para sacar adelante el dictamen de Guardia Nacional; el viernes la de extinción de órganos autónomos y el próximo lunes 26 la de reforma al poder judicial de la federación.
De cubrirse esa programación, hacia el cierre de agosto la Cámara había sacado adelante en dicha comisión 17 de los 18 dictámenes constitucionales del llamado Plan C, quedando pendiente únicamente el relacionado con materia electoral.
Los 14 dictámenes que hasta ahora salieron adelante se refieren a salario mínimo, vivienda, programa para jóvenes, jubilación, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, empresas públicas del Estado, bienestar animal, pueblos indígenas y afromexicanos, trenes de pasajeros, austeridad en ingresos para funcionarios y prisión preventiva.