Expresidentes del PRI y militantes presentaron un recurso ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para solicitar se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de las modificaciones a los documentos básicos del partido promovido por Alejandro Moreno para buscar su reelección al frente del tricolor.
El documento firmado por Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, exdirigentes, así como Aurelio Nuño Mayer, Fernando Galindo Favela y Fernando Zendejas, solicita al INE declarar la improcedencia de las modificaciones estatutarias realizadas por el PRI.
En los argumentos se expone que de conformidad con el Reglamento para la celebración de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria, “cuya inconstitucionalidad e ilegalidad ha sido demostrada al ser emitido por un órgano partidista no facultado para ello, se estableció en el artículo 64 de dicha normativa que, se haría del conocimiento de las personas delegadas el lugar y horario de la celebración de la Asamblea 48 horas previas a su realización.
Sin embargo, no se dio cumplimiento a dicha disposición al no haberse notificado de forma oportuna el lugar y horario correspondiente.
Asimismo, “existieron diversas irregularidades en el procedimiento de reforma a la normativa interna del PRI, por ello, resulta necesario verificar cuál fue el impacto conjunto de dichas violaciones en el proceso de análisis de constitucionalidad y legalidad de las reformas a los documentos básicos en conocimiento de esa autoridad”.
Argumentaron que la SCJN ha sido enfática en sostener que las irregularidades en los procesos de producción normativa que tienen potencial para invalidar las normas que derivan de ellos son aquellas que vulneran el principio de deliberación democrática.
Esto ocurre básicamente cuando no se garantiza el derecho a la participación de todos los grupos parlamentarios en condiciones de libertad e igualdad, cuando se omite la correcta aplicación de las reglas de votación, o cuando se afecta la publicidad de la deliberación.
En el caso, las irregularidades demostradas constituyen violaciones sustanciales al procedimiento de reforma, mismas que generan la invalidez del producto normativo aprobado en la Asamblea Nacional, donde se avaló la reelección que beneficiará a Alejandro Moreno por un nuevo periodo de 4 años al frente del partido.