De concretarse la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en sus actuales términos, la elección en las urnas de jueces, ministros y magistrados implicaría boletas del INE hasta con 30 opciones con un total de 8 mil candidaturas a nivel nacional.
Ésas son algunas de las advertencias numéricas expuestas en los foros convocados por la Cámara de Diputados en torno al tema de mayor controversia de la iniciativa presidencial: el voto popular para la designación de los mil 647 juzgadores que serían cesados con el cambio.
Los defensores de la reforma alegan que el relevo se hará de manera gradual, destacando que pronto quedarán 200 vacantes con las que podría darse inicio al proceso.
Los críticos de la iniciativa alertan que, en la actualidad, el 60% de jueces y magistrados tienen 50 años y una carrera judicial en la que han dejado la mitad de sus vidas o incluso más.
Y ante el argumento de los detractores de que no se puede habilitar a los juzgadores de la noche a la mañana porque mínimo se requiere una experiencia de 15 años, Morena responde que urge una renovación con nuevos perfiles que rompan el nepotismo y las redes de complicidad que, aseguran, caracteriza al PJF.
Señalan los promotores de la reforma que actualmente en los juzgados predomina la frustración entre colaboradores de jueces, magistrados y ministros que hasta con 35 años de trayectoria no logran ascender ante los mecanismos cerrados que, en un 80%, se dan por concurso de oposición.
¿UNA ELECCIÓN BARATA?
En cuanto al costo de la elección en las urnas de jueces, ministros y magistrados, el senador Ricardo Monreal declaró que podría costar 3 mil 500 millones de pesos y dijo que esa cantidad resulta mínima ante los 23 mil millones de pesos que suman los fideicomisos del PFJ.
Por el contrario, quienes subrayaron que, además de vulnerar la independencia judicial, el voto popular es costoso y complicado ofrecieron cifras respecto a la triplicación de candidatos que contendían las boletas, con respecto a los existentes en la reciente elección federal en la que concurrieron gobernadores, alcaldes, Congreso y Presidencia.
El abogado Arturo Espinosa Silis, director de Strategia Electoral, consideró que era muy importante discutir los detalles y lanzó varias interrogantes: “¿Cómo vamos a hacer una elección de este tipo? ¿Una boleta con 30 opciones? En este año elegimos 629 cargos a nivel federal y nos costó 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos va a costar la elección de más de 2 mil jueces?”
CONTROLAR 8 MIL CANDIDATURAS
En la misma dirección, el juez Mario Felipe Mata Ríos sumó otras preguntas: “¿Ustedes creen que alguien que va a empezar a ser juez, a ser magistrado, va a poder resolver más rápido que alguien que ya tiene toda la experiencia de la carrera judicial?”.
Recordó el juzgador que, para poder ser juez o magistrado actualmente, “mínimo tuviste que haber hecho 15 años de sentencias”
Mata Ríos planteó que, como en toda tarea que requiere del conocimiento, “la cuestión práctica nos va profesionalizando y nos va haciendo mejores” que la aplicación de la teoría, en la cual, remarcó, la Escuela de Formación Judicial los prepara constantemente.
“¿Realmente le vamos a dar esta situación de elegir al pueblo? ¿Quiénes son los que van a proponer las candidaturas? Primero, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; o sea, no le vamos a poder dar a elegir al pueblo quién es el juez que quiere; le vamos a dar a elegir quién de los que yo te propongo es el que quieres. Entonces, desde ahí es otro grande error”.
Y añadió Mata Ríos otros cuestionamientos numéricos relativos a las tareas que en el arbitraje electoral y garantía de legalidad realizan el INE y el Tribunal Electoral: “Ahora, van a ser más de 8 mil candidaturas. Ahorita con la cuestión de los diputados fueron 300, y no tienen forma de controlarla. Entonces, ¿van a poder controlar estas más de 8 mil candidaturas? Pues yo no lo creo”.
Otras voces consideraron viable este cambio de método para definir a los juzgadores. Javier Hurtado González, abogado de la Universidad de Guadalajara, destacó que “cada ciudadano tendría derecho a 9 votos, y esos 9 votos los ordenaría de manera preferencial, 3 para cada uno de los 10 propuestos por cada Poder, en el orden que él quisiera, poniendo el número al margen del nombre de la persona”.
Y propuso el funcionario y académico universitario que a través del voto popular también se supere el centralismo que tradicionalmente ha existido en la conformación de la SCJN.
Hurtado González planteó que, a diferencia de la integración actual, en la que 7 de los 11 ministros son de la CDMX y lo otros cuatro ahí hicieron su carrera profesional, con la reforma tendría que subrayarse el sentido regional, cuidando que la futura SCJN cuente con juristas del país.
Más allá de la viabilidad logística y presupuestal, un argumento reiterado que se acompaña de la cifra de los casi 36 millones de votos es el que la coalición legislativa mayoritaria esgrime: la elección popular del próximo PJF es un mandato de las urnas.
“En las encuestas que se hicieron, hasta el 90% está de acuerdo en una reforma al Poder Judicial; 80 por ciento está de acuerdo en que se elijan. Entonces, no hay más que cumplirle al pueblo de México”, reiteró en varias de sus intervenciones el diputado y senador electo Gerardo Fernández Noroña.
POPULARES O MEJORES
En la revisión de las posibles situaciones que se presentarían con el voto popular, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, recordó que, en la Ciudad de México, son 352 los órganos con jueces y magistrados.
“En la propuesta, se dice, que van a ser 6 candidatos por cada uno de estos órganos. La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2 mil 88 perfiles”, ilustró el integrante de la Corte.
“A mí me puedes presentar a los mejores candidatos médicos, especialistas, lo mejor. Pero si me preguntas ¿cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición? pues la verdad no sé”, cuestionó el Laynez.
Alegó el ministro de la Suprema Corte que “hay algunas funciones estatales que no se llevan a la elección, como no se lleva el magisterio”.
Y recordó que no se limita a los jueces y magistrados, sino que también incluye a 35 mil personas que son sus colaboradores en todas las categorías y de las cuales 17 mil son mujeres.
Ante las complejidades electorales advertidas, el exmagistrado y exlegislador Eduardo Andrade matizó:
“Se dice que habrá muchos postulados; habrá dos propuestos por cada uno de los Poderes, por cada distrito; y la elección será por distrito. Así que no se van a elegir a 2 mil y pico en todo el país, como no se elige de diputados entre 12 mil 200 candidatos, considerando que son coaliciones”.
PELIGRA LA CALIDAD DE LA JUSTICIA
Aun cuando sea superable la situación logística en el terreno electoral, los defensores de la carrera judicial que ha formado a los juzgadores en las últimas tres décadas prendieron las alarmas sobre el deterioro en la calidad de la justicia que podría representar el desechar a más de una generación de impartidores de justicia.
El consejero José Alfonso Montalvo Martínez explicó de qué está hecho el actual escalafón: “Un abogado titulado después de ser oficial judicial, actuario y secretario, participa en un concurso de oposición para 20 o 30 vacantes, donde competirá contra más de mil participantes”.
Precisó el integrante del Consejo de la Judicatura Federal que, después de aprobar múltiples etapas, dicho proceso culmina con un examen oral, con un jurado calificador integrado por sinodales que son consejeros de carrera judicial, pero también por consejeros designados por el Presidente de la República y por el Senado, y a nivel local por las legislaturas de los estados y por los gobernadores.
“De tal forma que el tiempo mínimo que le lleva a una persona obtener las credenciales para ser juzgador es entre 15 y 20 años”, enfatizó.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro puso el acento en la solicitud a los legisladores de que dimensionen que “un cambio radical en la forma de designación podría minar notablemente la capacidad en el funcionamiento de los tribunales y desde luego en la prestación adecuada del servicio público de administración de justicia”.
Expuso el juez que lo anterior implica afectar a miles de personas que como víctimas de una injusticia recurren al PJF, pero también perder una inversión que el Estado México viene realizando.
DESECHAR A LOS PREPARADOS…
“En una encuesta que he hecho, con compañeras y compañeros, la mayoría de los que hemos llegado a desempeñar el cargo de juzgador ha sido producto de 15 años previos al interior de experiencia adquirida en los tribunales jurisdiccionales”, contó Gómez Fierro
Alegó el juez que es importante tomar en cuenta esa inversión que el Estado ha realizado en el terreno de la justicia como en la preparación de los médicos y de los integrantes del servicio exterior.
Gómez Fierro destacó que son inversiones en procesos que buscan elegir a los mejores perfiles.
El especialista en derecho electoral Andrés García Repper Favila confió sin embargo en que es viable diseñar un buen sistema de selección de aspirantes sin poner en riesgo la calidad profesional. Y al respecto reseñó la experiencia en la que él participó en 2023 en la Cámara de Diputados como integrante del Comité Técnico Evaluador de los candidatos a consejeros electorales que en la última fase fueron seleccionados vía insaculación, es decir, por tómbola.
SELECCIÓN DEMOCRáTICA Y ESCUELAS PATITO
“Platico mi experiencia en lo del INE porque se recibieron más de mil 500, o un poco más, de solicitudes. Este comité plural, que acabamos a manotazos en la mesa, pero sacamos 20 finalistas. Esos 20 finalistas se insacularon y todos los partidos estuvieron de acuerdo porque fue un proceso transparente”, recordó.
Repper Favila previó que podría realizarse un concurso de selección antes a través de un Colegio Nacional de Dictaminadores, en el que participaran diputados, senadores, barras de abogados, despachos, universidades, notarios, litigantes, investigadores y miembros del Poder Judicial Federal y locales.
Aun cuando el constitucionalista y académico Jaime Cárdenas Gracia se pronunció a favor del voto popular, recordó que para fortalecer la nueva modalidad de definición de jueces, magistrados y ministros habría que concretar después otra reforma a la Ley de Educación del país y a las leyes correspondientes para el tema de los permisos o autorizaciones que se dan para constituir escuelas de derecho.
“Hay más de 2 mil escuelas de derecho. ¿Cuántas de esas escuelas de derecho enseñan realmente o tienen una currícula que acredite el conocimiento de los estudiantes?”, se preguntó el ex diputado federal del PT.
INVASIÓN DE PODERES
Si bien los defensores de la carrera judicial exaltan la calidad académica de la formación recibida por los juzgadores, ésta es vista con recelo por el partido gobernante en tanto considera que su visión de la impartición de justicia transgrede la división de poderes en tanto ha invadido las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.
El diputado federal Reginaldo Sandoval (PT) le puso monto presupuestal a una de las pérdidas que, alegó, el actual gobierno ha tenido por esas definiciones del PJF que se abroga facultades de legislador, alterando la aplicación de las políticas públicas.
“En la decisión de la Suprema Corte en la Reforma Eléctrica, ¿cuánto le está costando su decisión al pueblo de México? Con el asunto solo del mercado paralelo, eso de los autogenerados: 370 mil millones de pesos ya no entran a la Comisión Federal de Electricidad por la culpa de la Suprema Corte”, ejemplificó.
Al respecto, el ministro Javier Laynez Potisek también ofreció cifras al señalar que cuando se han invalidado leyes es porque existe sustento en la Constitución.
“No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante; solo tres: votaciones, publicidad y que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro. Respetuosamente no veo el abuso de la Corte, por proceso legislativo”, precisó.
En cuanto a las resoluciones que la SCJN ha dado por el incumplimiento a la consulta a comunidades y pueblos indígenas, cuando se trata de obras o políticas públicas que les conciernen, detalló de que los 116 asuntos que han llegado hasta los ministros, “en 91, nunca se consulta a las comunidades indígenas”.
De manera que, explicó Laynez Potisek, “ese asunto llega a la Corte impugnado por la CNDH o las comisiones. Y yo pregunto, ¿si ustedes estuvieran en mi lugar qué harían?”.