La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hacer públicos los nombres de funcionarios del órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social, a petición de una solicitud de información aprobada por el INAI y recurrida por el gobierno de México.
El pleno de la SCJN resolvió el recurso de revisión 3/2023, en materia de seguridad nacional, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución RRA 6339/22-BIS del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esta resolución, emitida el 20 de septiembre de 2023, ordenaba “entregar la información consistente en los nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos institucionales de su personal administrativo, es decir, aquel que no realiza funciones sustantivas”.
El INAI determinó que “la transparencia y el derecho a la información pública prevalecían en este caso sobre la protección de los datos personales de los funcionarios”, y por ello ordenó la publicación de los nombres.
El Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, impugnó esta decisión argumentando que “la divulgación de los nombres de los funcionarios públicos comprometía la seguridad nacional y violaba la protección de datos personales”.
El caso fue supervisado por el Ministro Luis María Aguilar Morales, con la colaboración de los secretarios Oliver Chaim Camacho y Mauricio González Alcántara.
La SCJN confirmó la resolución del INAI y consideró que “no se demostró que la divulgación de esa información pueda comprometer la seguridad nacional”, y ofreció tres argumentos.
El primero, destaca que la divulgación de datos relacionados con el titular de la Dirección General de Administración y del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, personal de ambas áreas, así como del personal adscrito al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, “tienen a su cargo cuestiones meramente administrativas y de asesoría legal”.
Expuso que sus atribuciones no están relacionadas directamente con el funcionamiento de los Centros Penitenciarios Federales “o que tengan un impacto franco y directo en la seguridad o gobernabilidad de éstos”.
Además, los datos relacionados con el Comisionado de Prevención y Readaptación Social “ya son de conocimiento público” porque el nombre del servidor y su fotografía aparecen en la página de internet oficial de la Secretaría de Gobernación que publicó la noticia de su nombramiento.
El tercer argumento fue que los datos del titular de la Unidad de Transparencia y del Titular del Área Coordinadora de Archivos, también aparecen publicados en la página de internet oficial de la Secretaría de Gobernación.