La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica permitió cerrar el panel convocado por Estados Unidos y Canadá contra nuestro país.
Esto evitó “una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético”, según una ficha informativa del máximo tribunal.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte, con el voto de calidad del presidente Alberto Pérez Dayán, en un proceso que generó críticas y descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.
La legisladora de Morena, Aleida Alavez, presentó una solicitud de juicio político contra el ministro.
La decisión, ahora defiende la Corte, tendrá efectos internacionales. Así se comunicó:
El pasado 31 de enero del presente año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) resolvió un amparo que declaró la inconstitucionalidad del orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, por transgredir los principios de competencia y libre concurrencia; pronunciamiento que no sólo significó conceder el amparo a las quejosas, sino que también generó una consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista.
Además, una de las implicaciones de esa decisión impactó de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del T- MEC, contra México por la política del Gobierno en el sector.
Es decir, la inconstitucionalidad declarada dejó sin materias las consultas que, en el Panel de Energía, formularon esos países en julio de 2022; lo que se traduce en que se evitó para México, una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético.